Carta abierta por una regulación sobre contenido terrorista en línea que respete los derechos humanos

Laptop with Spanish Wikipedia screenshot
Virginia Díez (WMES) / CC BY-SA

En 2018 la Unión Europea comenzó a debatir un nuevo Reglamento sobre la prevención de difusión de contenido terrorista en línea (COM / 2018/640 final).  La asociación, junto con otras organizaciones sin ánimo de lucro, se ha involucrado en una campaña para pedir a quienes desarrollan políticas públicas que todas las medidas propuestas en este importante proceso legislativo respeten los derechos y libertades fundamentales y que se garanticen excepciones para ciertas forma de expresión protegidas, tales como materiales educativos, periodísticos y de investigación, que son cruciales para el fomento y la preservación del conocimiento libre.

El 27 de marzo de 2020, Wikimedia España y otras diecinueve organizaciones que luchan por la defensa de los derechos digitales enviamos una carta abierta a representantes de los Estados Miembros en el Consejo de la Unión Europea. En la carta, expresamos nuestra preocupación sobre algunos aspectos de la regulación de contenidos terroristas en línea y aquellos puntos de la misma que podrían suponer serias amenazas hacia algunos derechos fundamentales como el acceso al conocimiento, la privacidad o la libertad de expresión.

Carta original en inglés.

Traducción al castellano a continuación.


Bruselas, 27 de marzo de 2020

Estimadas y estimados representantes de los Estados miembros en el Consejo de la UE:

Esperamos que se encuentren bien en este momento difícil.

Les escribimos para expresarles nuestras serias preocupaciones hacia el Reglamento propuesto sobre la prevención de difusión de contenido terrorista en línea (COM / 2018/640 final). Hemos planteado estas preocupaciones anteriormente y también se han expresado muchas críticas similares en cartas que se oponen al Reglamento por parte de trabajadores y defensores de los derechos humanos y grupos de la sociedad civil.(1)

Creemos firmemente que cualquier posición común sobre este expediente crucial debe respetar los derechos y libertades fundamentales, las tradiciones constitucionales de los Estados miembros y la legislación vigente de la Unión en este ámbito. Para que esto suceda, le instamos a asegurarse de que se respete el estado de derecho en los casos transfronterizos, que las autoridades competentes encargadas de ordenar la eliminación del contenido terrorista ilegal sean independientes, que se abstengan de adoptar filtros de (re)carga obligatoria y garantizar que excepciones para ciertas formas de expresión protegidas, tales como materiales educativos, periodísticos y de investigación, se mantengan en la propuesta. Explicamos por qué con más detalle a continuación.

Primero, le pedimos que respeten los principios de territorialidad y que garanticen el acceso a la justicia en casos de derribos transfronterizos asegurando que solo el Estado miembro en el que el proveedor de servicios de alojamiento tenga su establecimiento legal pueda emitir órdenes de retirada (de contenidos). El Reglamento también debería permitir que las órdenes de retirada se impugnen en el Estado miembro de establecimiento para garantizar un acceso significativo a un recurso efectivo. Tal y como la reciente jurisprudencia del TJUE ha establecido que las razones de «eficiencia» o «seguridad nacional» no pueden conducir a atajos a los mecanismos y salvaguardas del estado de derecho. (2)

En segundo lugar, el principio del debido proceso exige que la legalidad del contenido sea determinada por un tribunal o una autoridad administrativa independiente. Este importante principio debería reflejarse en la definición de «autoridades competentes». Por ejemplo, observamos que en el caso de Digital Rights Ireland, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que la Directiva de retención de datos era inválida, entre otras cosas, porque el acceso a los datos personales por parte de las autoridades policiales no dependía de una revisión previa, llevada a cabo por un tribunal o una autoridad administrativa independiente.(3) En nuestra opinión, la eliminación del presunto contenido terrorista conlleva una interferencia muy significativa con la libertad de expresión y, como tal, exige la aplicación de las mismas garantías.

En tercer lugar, el Reglamento no debe imponer el uso de filtros de carga o re-carga (tecnologías de reconocimiento de contenido automatizado) a esos servicios dentro del alcance del Reglamento. Como la crisis del coronavirus deja claro, los filtros están lejos de ser precisos. Solo en los últimos días, Twitter, Facebook y YouTube se han movido a la automatización completa de la eliminación de contenido, lo que ha llevado a que artículos legítimos sobre el coronavirus mal puntuados fueran eliminados.(4) Lo mismo sucederá si se aplican filtros a presunto contenido terrorista. También hay datos crecientes que sugieren que los algoritmos están sesgados y tienen un impacto discriminatorio, lo cual es una preocupación particular para las comunidades afectadas por el terrorismo y cuyo contra-discurso ha demostrado ser vital contra la radicalización y la propaganda terrorista. Además, una disposición que imponga medidas específicas en las plataformas debería favorecer un modelo que dé margen de maniobra a los proveedores de servicios sobre qué medidas tomar para evitar la difusión del contenido terrorista ilegal, teniendo en cuenta sus capacidades y recursos, tamaño y naturaleza (ya sea sin ánimo de lucro, con fines de lucro o liderados por una comunidad).

Finalmente, es crucial que ciertas formas de expresión protegidas, como los materiales educativos, artísticos, periodísticos y de investigación, estén exentas de la propuesta, y que se incluya medidas factibles para garantizar la implementación de esas exenciones con éxito. La determinación de si el contenido equivale a la incitación al terrorismo o incluso a la glorificación del terrorismo depende en gran medida del contexto. Los materiales de investigación deben definirse para incluir contenido que sirva como evidencia de abusos contra los derechos humanos. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) (5) requiere específicamente una precaución particular para tales  discursos y formas de expresión protegidos. Es vital que estos principios sean reflejados en el Reglamento de Contenido Terrorista, incluso mediante la adopción de disposiciones específicas que protegen la libertad de expresión como se describe anteriormente.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta que pueda necesitar en el futuro.

Sinceramente,

Access Now – https://www.accessnow.org/

Bits of Freedom – https://www.bitsoffreedom.nl/

Centrum Cyfrowe – https://centrumcyfrowe.pl

CDT – https://cdt.org

Committee to Protect Journalists (CPJ) – https://cpj.org/

Daphne Keller – Director Program on Platform Regulation Stanford University

Digitale Gesellschaft – https://digitalegesellschaft.de/

Digitalcourage – https://digitalcourage.de/

D3 – Defensa dos Dereitos Digitais –https://www.direitosdigitais.pt/

Državljan D – https://www.drzavljand.si/

EDRi – https://edri.org/

Electronic Frontier Foundation (EFF) – https://www.eff.org/

Epicenter.Works – https://epicenter.works

Free Knowledge Advocacy Group EU- https://wikimediafoundation.org/

Hermes Center – https://www.hermescenter.org/

Homo Digitalis – https://www.homodigitalis.gr/en/

IT-Political Association of Denmark – https://itpol.dk/

Panoptykon Foundation – https://en.panoptykon.org

Vrijschrift https://www.vrijschrift.org

Wikimedia Spain – https://wikimedia.es

Notas al pie:

1

2

3

  • Consultar Digital Rights Ireland v. Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Joined Cases C‑293/12 and C‑594/12, 08 April 2014 at para. 62. 

4

5