Transponer la DEMUD por Real Decreto-Ley elimina la oportunidad de reformar los derechos de autoría a través de un proceso participativo

La reforma de los derechos de autoría es una gran oportunidad para garantizar la digitalización y el acceso al patrimonio cultural. Sin embargo, la transposición de la Directiva Europea sobre copyright se implementará a través de un proceso que no contempla la participación de todas las entidades concernidas en el asunto.

Un poco de contexto

En abril de 2019 la Unión Europea aprobó una nueva directiva sobre derechos de autor. Los Estados miembros tenían hasta el 7 de junio de 2021 para aplicar las reformas nacionales que facilitarán la digitalización y accesibilidad de nuestro patrimonio cultural.

Al igual que la mayoría de los Estados miembros, España llega tarde al plazo de transposición, en parte por la pandemia. Como consecuencia de ello, la Directiva de Derechos de Autor se transpondrá el 2 de noviembre mediante un Real Decreto-Ley, una norma jurídica que el Parlamento no puede debatir ni cambiar.

Cuestiones y derechos en juego

Aunque algunas cosas están prescritas por la Directiva, la ley europea también da a cada país un amplio margen de interpretación. La aplicación que se haga del Art. 17 determinará, por ejemplo, si los contenidos de la ciudadanía se eliminan inmediatamente una vez que el titular de los derechos afirma que son ilegales. España tiene que determinar si derechos como la parodia, el pastiche y la caricatura serán universales. Hay que decidir si las empresas de nueva creación podrán utilizar fácilmente datos con fines de investigación para idear nuevas soluciones. O si el profesorado podrá mostrar legalmente obras de arte durante la enseñanza a distancia.

Todas estas son cuestiones de gran importancia social. Darán forma a nuestro espacio público, a nuestro acceso a la cultura y a nuestros derechos durante las próximas décadas, por lo que merecen ser debatidas adecuadamente.

Imprescindible participación colectiva

Organizaciones culturales y defensoras de los derechos digitales, entre ellas Wikimedia España, ya compartieron su preocupación por la falta de transparencia del proceso en abril de 2021, pero la situación continúa.

Mientras algunas de las plataformas comerciales y entidades de gestión colectiva de derechos son escuchadas, la sociedad civil y las organizaciones culturales son ignoradas en sus solicitudes de reunión. Mientras que la sociedad civil y organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con Internet, junto con el resto de grupos interesados, fueron consultadas para elaborar el texto europeo, en nuestro país no se está dando a todos los agentes la misma oportunidad de participar en el proceso de transposición nacional.

Desde Wikimedia España, asociación que impulsa Wikipedia y sus proyectos hermanos en España, «queremos trasladar nuestra posición sobre la transposición de la DEMUD, concretamente en lo que se refiere a la salvaguarda de los derechos de participación, acceso a la información y al conocimiento y la protección del patrimonio cultural en el ecosistema digital».

Por ello, Wikimedia España solicita al Gobierno que reconsidere la tramitación del Real Decreto, y que opte en su lugar por una consulta formal con todos los actores relevantes para dar a la sociedad civil la necesaria oportunidad de participar en la elaboración de una norma tan importante. El mejor compromiso con la participación y la transparencia es transponer la Directiva mediante una ley ordinaria con los debidos períodos de consulta pública.