Wikimedia España pide al Congreso que no ratifique el Real Decreto-Ley 24/2021 para que la transposición de la Directiva sobre derechos de autoría en el Mercado Único Digital se tramite como proyecto de Ley Ordinaria

El Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea sobre el Mercado Único Digital (DEMUD), que regula los derechos de autoría para adaptarlos al ecosistema digital. 

Transposición de la DEMUD vía Real Decreto-Ley

La reforma de los derechos de autoría supone una gran oportunidad para garantizar la digitalización y el acceso al patrimonio cultural. Wikimedia España ya anunció que la transposición de la Directiva Europea vía Real Decreto-ley impediría participar a muchos de los agentes concernidos en el asunto y pedía al Gobierno la tramitación vía Ley Ordinaria.

El recién aprobado Real Decreto-ley se someterá a votación en los próximos días, ya que se requiere una votación parlamentaria para convalidarlo o rechazarlo. Si no se consigue convalidar el texto publicado en el BOE por el Gobierno, el Real Decreto-ley no saldrá adelante y deberá volver a los cauces legislativos ordinarios. Este escenario abriría la puerta a realizar la transposición mediante un proceso en el que se incluyan consultas públicas, escucha a los agentes afectados por la normativa y la posibilidad de realizar enmiendas al texto presentado.

Solicitud de no ratificación del Real Decreto-Ley

Habiendo analizado el contenido del Real Decreto-ley, Wikimedia España solicita a las diputadas y diputados del Congreso que no ratifique el texto en sede parlamentaria, por dos motivos fundamentales: 

En primer lugar, porque no se cumplen los supuestos legales para la transposición de la Directiva a través de un Real Decreto-ley, procedimiento reservado para casos excepcionales de urgencia y extrema necesidad.

Seguidamente, porque el texto no recoge nuestras peticiones para proteger de manera efectiva y suficiente los derechos fundamentales y para favorecer el acceso a la cultura y al conocimiento en Internet. La norma se ha elaborado sin atender a varias de las recomendaciones que tanto entidades nacionales e internacionales han hecho en los últimos años, como la guía de implementación de la Directiva de Communia, para asegurar la salvaguarda de los derechos de acceso a la cultura y al conocimiento.

Aciertos del Real Decreto-ley

Se ha dado un pequeño paso en la normativa para defender la cultura y potenciar los límites a la propiedad intelectual. Se podría haber conseguido más si se hubiera aprovechado esta oportunidad para establecer un marco de trabajo colaborativo con las entidades que se mueven, en su día a día, en el ámbito de la cultura libre y del conocimiento libre. 

Desde Wikimedia España celebramos que el texto siga bastante fielmente el espíritu de la Directiva Europea en cuanto a los nuevos límites a los derechos de autoría, ampliando el abanico de usos legítimos. También se protege explícitamente el dominio público en obras de arte visual y se contempla el retorno al circuito comercial de las obras huérfanas, que actualmente se encuentran en el llamado “agujero negro del siglo XX”.

Oportunidades perdidas con el Real Decreto-ley

Se ha perdido una valiosa oportunidad con el artículo 14 de la DEMUD, limitando su actuación a las obras de arte visuales y no extendiéndose al resto de obras en general, como se había sugerido desde Wikimedia España en la única y preliminar ronda de consulta pública en diciembre de 2019.

Respecto a las obras fuera del circuito comercial, los tres artículos que dedica la DEMUD se unen en un extenso artículo 71 RDL donde, a pesar de que este permite a las instituciones responsables del patrimonio cultural publicar en internet obras fuera del circuito comercial, éstas no necesitan pedir permiso a los titulares de derechos. El artículo 71.8 del RDL tiene un grave defecto de redacción y se contradice a sí mismo, exigiendo que sí se disponga de tal autorización. Además, la aplicación de estos límites no tendrán un efecto retroactivo, así que las obras que se verán beneficiadas de esta redacción serán las que se publiquen desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley.

Problemas del Real Decreto-ley

Por su parte, la transposición de los polémicos artículos 15 y 17 de la Directiva siguen presentando problemas que afectarán a los derechos de las personas que utilizan Internet para crear y compartir contenidos.  El artículo más preocupante del Real Decreto-ley es el número 73, que abre las puertas a la censura algorítmica, empeorando el ya de por sí complicado artículo 17 de la DEMUD.  

Gracias al artículo 66 del Real Decreto-ley, se mantiene a las enciclopedias en línea, repositorios científicos o educativos, plataformas para desarrollar y compartir programas informáticos de código abierto, sin fines lucrativos directos ni indirectos fuera del ámbito de aplicación del artículo 17 de la Directiva. Esto quiere decir que la excepción para Wikipedia, conseguida en Europa, se mantiene en el marco jurídico español. No obstante, no se exime explícitamente al resto de proyectos Wikimedia, lo que puede resultar problemático para el ecosistema del conocimiento libre en el futuro.

Por su parte, el artículo 5 de la DEMUD, relativo al uso de obras para actividades educativas y pedagógicas transfronterizas, se ha transpuesto a través del artículo 68 del Real Decreto-ley de manera farragosa. De hecho, el 3 de noviembre (un día después de la publicación en el BOE del texto) el Ministerio de Cultura tuvo que publicar una nota aclaratoria sobre este artículo, intentando solucionar los problemas interpretativos que genera la colisión directa con el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual y que, en cierto punto, parecía haber quedado derogado.

En general, se encuentran en el texto del Real Decreto-ley problemas de redacción que generarán complicaciones de interpretación o inseguridad jurídica. 

Petición para salvaguardar los derechos de acceso a la cultura y el conocimiento

Por todo lo anterior, Wikimedia España solicita al Congreso que no ratifique este Real Decreto-Ley. Su voto en contra, significaría la derogación automática del texto y la obligación del Gobierno de elaborar un nuevo articulado. En ese escenario se podrían recoger los intereses de más agentes afectados por el texto, en el mejor de los casos. Como mínimo, se podrían introducir cambios a través de enmiendas para salvaguardar los derechos fundamentales. 

Si quieres apoyar la petición de Wikimedia España, firma a través de este formulario y ayúdanos a defender el conocimiento libre en el ecosistema digital.